Resulta imperativo reconocer que una oferta suficiente de inmuebles para la renta no solo satisface las necesidades habitacionales de la población, sino que también contribuye a regularizar los precios en un sector que, según datos del DANE, equivale al 30% de la canasta familiar. Sin embargo, en la práctica, los arrendamientos pueden llegar a representar hasta el 50% de los ingresos de una familia. Al lograr un balance entre la oferta y la demanda, se logra no solo mantener una inflación controlada en este segmento crucial, sino también aliviar la carga financiera que recae sobre las familias, contribuyendo así a la estabilidad económica y social del país.
En Colombia, existe un marcado interés de las personas para invertir en viviendas destinadas al arrendamiento. Aproximadamente el 20% de las viviendas construidas en el país son adquiridas por inversionistas y se incorporan al mercado de alquiler, una cifra muy superior comparado con otros países de la región Latinoamericana. Esto es muy positivo porque gracias a ello, el mercado tiene una oferta amplia que ha conllevado a que históricamente los precios de los arrendamientos sean controlados, en una legislación con enfoque proteccionista hacia el inquilino, donde se fijan topes a los cánones mensuales y a los incrementos anuales de las viviendas. Sin embargo, desafortunadamente lo anterior no se cumple en los segmentos de ingresos bajos de la población, donde la demanda supera la oferta de vivienda para arrendar y esto hace que los valores de los cánones sean más altos.
Al analizar las políticas adoptadas en naciones con líderes de orientación izquierdista, como España y Argentina, que buscan salvaguardar los derechos de los inquilinos mediante una normativa de corte paternalista, se observa una tendencia preocupante en la actualidad. Se ha registrado la ocupación ilegal de viviendas y el incumplimiento en el pago de rentas por parte de arrendatarios, generando una situación en la que los propietarios enfrentan una tarea prácticamente insuperable para recuperar sus propiedades. Este fenómeno, agravado por las elevadas tasas impositivas que gravan las segundas viviendas, ha desincentivado de manera significativa la inversión en el sector, provocando una marcada disminución en la oferta de viviendas para alquilar y un aumento sin precedentes en los costos de los arrendamientos.
De acuerdo con lo anterior y luego de conocer las declaraciones de la Ministra de Vivienda Catalina Velasco, quien afirmó que “Vivienda de interés social VIS para inversionistas NO”, quisiera interpretar su postura como la intención de dirigir los subsidios de vivienda solo para los compradores de su primera vivienda, lo que puede ser razonable. Sin embargo, en el pasado, cuando algunos pocos los han utilizado para inversión, ha sido muy positivo porque han dinamizado el empleo, la economía y la ampliación de la oferta de VIS. Ahora bien, lo que sí debemos mantener son los beneficios que se tienen para lograr construir vivienda de interés social, de lo contrario, será casi imposible hacerlo.
Concluyo resaltando la importancia de alcanzar nuevamente la cifra de más de 200 mil viviendas nuevas vendidas y construidas anualmente en Colombia. Este objetivo no solo contribuirá a la recuperación económica, sino que también será clave para preservar el empleo y abordar las significativas necesidades habitacionales de la población colombiana. Así mismo, urge la reducción de las tasas de interés y la promoción de la inversión en alquiler, proponiendo incluso la exención de impuestos sobre los ingresos generados por el arrendamiento de viviendas. Este enfoque no solo estimularía la inversión en el mercado de alquiler, sino que también sería una medida estratégica para fortalecer el sector inmobiliario y apoyar el acceso a viviendas adecuadas para un mayor número de ciudadanos.
